Los gobiernos deben cuidarse de las rígidas y recurrentes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigidas a incrementar la carga impositiva y reducir hasta más no poder el gasto público tendente a alcanzar una pretendida sostenibilidad fiscal. Es cierto que existen economistas que suelen susurrar a los oídos del Gobierno la adopción de la vía fácil del endeudamiento público como vía por excelencia para financiar la inversión pública argumentando que ésta siempre será positiva para las generaciones futuras, por lo que resultaría lógico que “éstas asuman su costo”.
No obstante, se deben obviar los extremos. La prudencia fiscal debe ser el norte de todo accionar gubernamental. La carga del endeudamiento público debe ir de la mano de una viable sostenibilidad fiscal para que los gastos del Gobierno se sitúen por debajo de los ingresos. No se debe secar la economía interna aplicando una excesiva austeridad en el gasto del gobierno que reduzca a su mínima expresión los gastos sociales y las inversiones en obras de infraestructuras, afectando la calidad de vida de amplios sectores sociales y la dinámica del crecimiento económico mediante el incentivo a la esfera productiva.
Preocupa el énfasis en el incremento de los impuestos que suelen hacer organismos crediticios multilaterales al estilo del FMI y algunos hacedores internos de políticas económicas, sobre todo en tiempo de lento crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual expresa el valor de todos los bienes y servicios que una sociedad puede producir en un período determinado, generalmente un año. Una política fiscalista persigue sacar dinero de los bolsillos de los contribuyentes para compensar la merma en las recaudaciones generada por la puesta en práctica de medidas impositivas restrictivas que frenan el crecimiento de la economía, reduciendo el consumo, la demanda interna.
Toda deuda pública debe apreciarse como lo que es: un impuesto diferido, pues tarde o temprano los contribuyentes tendrán que pagarla. Para honrar el servicio de la deuda externa – incluyendo amortización del capital más los intereses- hará falta disponer de una mayor cantidad de dinero. Hay que evitar que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país.
Podría pensarse que la capacidad de endeudamiento público de un Estado es ilimitada. Grave error. Porque el ahorro externo vía endeudamiento no puede ser la fuente principal para la búsqueda del crecimiento económico y el desarrollo social. Hay que hacer más efectivas las recaudaciones fiscales y reducir a su mínima expresión la falta de pagos de los impuestos por parte de los recurrentes evasores empresariales y personas físicas que se muestran renuentes a cumplir con sus obligaciones impositivas.
Los gobiernos deben cuidarse de las rígidas y recurrentes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigidas a incrementar la carga impositiva y reducir hasta más no poder el gasto público tendente a alcanzar una pretendida sostenibilidad fiscal. Es cierto que existen economistas que suelen susurrar a los oídos del Gobierno la adopción de la vía fácil del endeudamiento público como vía por excelencia para financiar la inversión pública argumentando que ésta siempre será positiva para las generaciones futuras, por lo que resultaría lógico que “éstas asuman su costo”.
No obstante, se deben obviar los extremos. La prudencia fiscal debe ser el norte de todo accionar gubernamental. La carga del endeudamiento público debe ir de la mano de una viable sostenibilidad fiscal para que los gastos del Gobierno se sitúen por debajo de los ingresos. No se debe secar la economía interna aplicando una excesiva austeridad en el gasto del gobierno que reduzca a su mínima expresión los gastos sociales y las inversiones en obras de infraestructuras, afectando la calidad de vida de amplios sectores sociales y la dinámica del crecimiento económico mediante el incentivo a la esfera productiva.
¿Montañas de impuestos?
Preocupa el énfasis en el incremento de los impuestos que suelen hacer organismos crediticios multilaterales al estilo del FMI y algunos hacedores internos de políticas económicas, sobre todo en tiempo de lento crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual expresa el valor de todos los bienes y servicios que una sociedad puede producir en un período determinado, generalmente un año. Una política fiscalista persigue sacar dinero de los bolsillos de los contribuyentes para compensar la merma en las recaudaciones generada por la puesta en práctica de medidas impositivas restrictivas que frenan el crecimiento de la economía, reduciendo el consumo, la demanda interna.
Toda deuda pública debe apreciarse como lo que es: un impuesto diferido, pues tarde o temprano los contribuyentes tendrán que pagarla. Para honrar el servicio de la deuda externa – incluyendo amortización del capital más los intereses- hará falta disponer de una mayor cantidad de dinero. Hay que evitar que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país.
Podría pensarse que la capacidad de endeudamiento público de un Estado es ilimitada. Grave error. Porque el ahorro externo vía endeudamiento no puede ser la fuente principal para la búsqueda del crecimiento económico y el desarrollo social. Hay que hacer más efectivas las recaudaciones fiscales y reducir a su mínima expresión la falta de pagos de los impuestos por parte de los recurrentes evasores empresariales y personas físicas que se muestran renuentes a cumplir con sus obligaciones impositivas.
