En su base teórica el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una institución crediticia multilateral que “promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero”, pero ¿es verdad tanta belleza? Al FMI pertenecen 189 países, lo que significa que su existencia es validada por el universo de los Estados que se encuentran diseminados en los diversos continentes y sus controversiales programas de ajuste macroeconómico han sido aplicados con sus contados éxitos, pero también con los recurrentes fracasos y costos sociales.
Téngase en cuenta que durante décadas el FMI ha estado diseñando los consabidos programas de ajuste en países deudores del mundo subdesarrollado que se traducen en repetidas medidas de políticas económicas. Durante mucho tiempo por los predios del FMI se hablaba del Programa de Ajuste Estructural (PAE) cuando durante los años noventa del pasado siglo actuaba en estrecha conexión con el Banco Mundial (BM), pero en la actualidad el término está en desuso.
Así, fue en febrero de 2018 que Haití suscribió el acuerdo con el FMI y tras la puesta en práctica de algunas medidas de “ajustes” de la maltrecha economía se desataron fuertes protestas sociales después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles del orden del 38 por ciento a la gasolina, 47 por ciento al diesel y un 51 por ciento al kerosene.
En junio pasado Argentina suscribió a tres años un austero, rígido y típico acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 50 mil millones de dólares para enfrentar sus dificultades financieras para el pago de sus obligaciones externas. Las protestas sociales ya están a la orden del día en la tierra del tango. Si el desempeño económico de un país no pone en peligro el cumplimiento del servicio de la deuda externa entonces para el FMI no hay necesidad de enviar sus técnicos para auspiciar la firma de un acuerdo de ajuste macroeconómico. En el 2016 se llevaron a cabo 132 visitas de supervisión y consulta en igual número de países.
Pero ocurre que la situación del endeudamiento externo se ha agravado en muchos países latinoamericanos y caribeños. Así lo expresa el FMI: “La deuda pública de muchos países de la región ha aumentado, precipitando la necesidad de realizar ajustes fiscales para mantener las finanzas públicas en una senda sostenible”, es decir, en capacidad de pago frente a los acreedores internacionales. Porque el FMI nunca ha sido un banco de beneficencia que acude en gesto de solidaridad para prestar apoyo financiero a los países deudores en apuros económicos. No. En la práctica esa institución no es más que un agente cobrador al servicio de los acreedores internacionales. La expresión podrá parecer fuerte, pero la historia institucional de este organismo crediticio multilateral avala semejante aseveración. La aprobación de una “Carta de Intención” por parte del FMI constituye una especie de habilitación o pasaporte oficial de un país deudor para poder recibir nuevos créditos y no ser considerado un renegado del sistema financiero internacional.
